El denominado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía española, a través del que se canalizará la llegada de 72.000 millones de fondos europeos, contemplará ayudas para rehabilitar viviendas por las que los propietarios obtendrán entre el 35% y el 100% del coste de las obras de mejora de los edificios. Con unos 5.800 millones destinados en distintos programas de rehabilitación y el foco puesto en la eficiencia energética, es una de las líneas maestras del plan que supervisará este martes la comisión interministerial de seguimiento y que Pedro Sánchez presentará mañana en el Congreso.

El grueso del dinero para rehabilitación, un 70% de la partida prevista, se destinará a viviendas. El resto irá a la mejora de edificios públicos y se repartirá a partes iguales entre, por un lado, la Administración General del Estado y, por otro, ayuntamientos y comunidades autónomas.

Estas últimas tienen las competencias en vivienda y serán las responsables de poner en marcha los programas concretos para que las ayudas de rehabilitación lleguen a los propietarios a partir de las directrices que establezca el Ejecutivo.

El Gobierno contempla tres grandes ramas. Una es el ya existente Plan de Rehabilitación Energética de Edificios (PREE), que Transición Ecológica puso en marcha el año pasado con una dotación de 300 millones. Como las ayudas europeas permitían incluir actuaciones en marcha, dicho programa se recogerá en el plan de recuperación. No obstante, es un proyecto que caduca este año y en adelante la rehabilitación energética se insertará en los otros dos programas que ha diseñado el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Uno se enfoca en el reto demográfico y se dedicará a poblaciones de menos de 5.000 habitantes. El otro será de carácter general para municipios más grandes.

Este último es el que acapara más fondos y contempla a su vez diversas actuaciones en función de la escala: permitirá acometer obras en edificios o en barrios enteros. En edificios, normalmente comunidades de propietarios, las subvenciones irán del 35% al 70% en función del coste de la obra y el ahorro energético que suponga, según fuentes de Transportes. Para animar a los propietarios a hacer la obra, recibirán más financiación los proyectos en que el gasto de la reforma tarde más en amortizarse con lo que se va a ahorrar luego en las facturas de luz o gas.

El ahorro energético exigido para liberar subvenciones será de al menos un 30%. Este es el mínimo que establece Europa para dar las ayudas y, según una fuente del sector, se trata de un listón “poco exigente”. La propia Comisión solo habla de rehabilitación profunda cuando el ahorro energético supera el 60%. Pero la rehabilitación no incluirá solo instalaciones, paneles solares, ventanas o fachadas: también se podrán hacer mejoras de la accesibilidad, por ejemplo poniendo ascensores.

En los proyectos de regeneración de barrios enteros, que no solo contemplan mejoras de edificios sino del entorno urbano, las ayudas podrán ir del 70% al 100%. La subvención máxima, explican las fuentes de Transportes, está pensada para determinadas zonas urbanas, con perfiles de exclusión social entre sus vecinos, que difícilmente podrían costear este tipo de proyectos. Y siempre que además no haya posibilidad de financiar una parte a través de las compañías energéticas. Estas podrán ofrecer que se financie la parte no subvencionada de la obra con cargo al ahorro que luego se conseguirá. Es decir, se pagaría poco a poco en la factura.

El Ejecutivo prevé que empresas constructoras, energéticas o incluso bancos se asocien y tramiten los proyectos en bloque, incluyendo la planificación, la obra y la gestión de las ayudas. Así los vecinos solo pagarían la parte que les corresponde y no se encargarían de nada más. Esto agilizaría los planes y permitiría que se hiciesen a mayor escala.

Además de las ayudas directas, también se estudia recuperar las deducciones fiscales por rehabilitación. Estas serían de un 30% si la obra logra un determinado ahorro energético y alcanzarían el 60% si con los trabajos se logra mejorar la calificación energética de la vivienda (según el baremo actual de siete letras).

Oficinas municipales para agilizar los proyectos

Ya antes de la pandemia, las pobres cifras de rehabilitación en España (se mejoran unas 30.000 viviendas al año, muy por debajo de otros países vecinos) hacían que el Gobierno buscase fórmulas para impulsar estas políticas. Uno de los motivos, además de cumplir el objetivo europeo de descarbonización para 2050, es que estas inversiones dinamizan la economía por el empleo que generan (en mano de obra directa y en proveedores, casi siempre locales). Paradójicamente, fue la crisis del coronavirus (y la ayuda aprobada por Europa) la que dio el espaldarazo a una hoja de ruta más ambiciosa y que servirá de estímulo para el empleo y la economía: España quiere rehabilitar 500.000 viviendas en tres años. Para ello es necesario rodar rápido los programas. Por eso, además de permitir a empresas que gestionen integralmente los proyectos, el plan contempla abrir oficinas municipales de información y tramitación de las ayudas.

Otra pata importante para movilizar rápido la rehabilitación es la de edificios públicos. El Ejecutivo publicará una manifestación de interés para que las comunidades digan qué inmuebles quieren mejorar. Colegios y hospitales serán prioritarios, aunque fuentes del sector señalan que en ambos casos se trata de intervenciones complejas.